La organización terrorista Hezbolá, brazo armado del régimen iraní, continúa violando el alto al fuego entre Israel y el Líbano —firmado el 16 de abril— lanzando constantes ataques contra Israel, lo que ha causado la muerte de 12 israelíes y, cientos de civiles y soldados heridos; además de considerables daños materiales y la imposibilidad para que la gente lleve a cabo su vida cotidiana.

Una de las mayores consecuencias estas hostilidades es que miles de familias israelíes, al norte del país, han sido obligadas a abandonar sus hogares, mientras que diversas localidades continúan enfrentando un riesgo constante a su seguridad ante el accionar de esta organización terrorista respaldada por Irán.

Incluso, desde el inicio de la actual escalada regional, Hezbolá mantiene ataques contra Israel desde territorio libanés y en un periodo de tres meses ha lanzado más de 12,000 cohetes, misiles y drones explosivos contra comunidades israelíes.

Para Israel resulta inaceptable que sus ciudadanos vivan bajo la amenaza permanente de Hezbolá, que intencionalmente apunta contra centros poblados. Ningún Estado toleraría que miles de familias atraviesen un riesgo tan alto que las obligue a abandonar sus hogares.

Cabe recordar que Israel se retiró completamente del sur del Líbano en el año 2000, conforme a la Resolución 425 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hecho verificado y confirmado por la propia ONU. Por lo que es fundamental resaltar que Israel no tiene ninguna intención de apropiarse de territorios del Líbano; al contrario, se mantenía la esperanza de que su retirada, 26 años atrás, contribuyera a la estabilidad y seguridad de ambos pueblos.

Sin embargo, tras la retirada israelí, Hezbolá aprovechó el vacío existente para construir una infraestructura militar, acumular un vasto arsenal de cohetes y desplegar capacidades ofensivas dentro de zonas civiles libanesas. Esta militarización culminó, entre otros episodios, en la Segunda Guerra del Líbano en 2006 y amenazas constantes contra la población israelí.

El mismo 2006, el Consejo de Seguridad de la ONU en su Resolución 1701 exigió el desarme de Hezbolá y la retirada total del sur del Río Litani de fuerzas armadas no pertenecientes a las autoridades del Líbano, determinaciones que nunca fueron implementadas a plenitud. En consecuencia, Hezbolá consolidó una presencia militar significativa en la frontera con Israel.

Las actuales operaciones israelíes en el sur del Líbano tienen un claro objetivo: proteger a la población de Israel de los ataques de Hezbolá, impedir posibles invasiones a su territorio y desmantelar la infraestructura terrorista que la organización ha construido durante años —en gran medida por el apoyo del régimen iraní— en violación de resoluciones internacionales.

Israel resalta que Hezbolá es plenamente responsable del riesgo y sufrimiento que israelíes y libaneses padecen. Al ser un grupo armado alineado con los intereses de Irán, la organización terrorista pone en riesgo la estabilidad regional y obstaculiza cualquier perspectiva de convivencia pacífica entre ambos países.

Israel continuará actuando conforme a su derecho inherente a la legítima defensa y seguirá tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y el retorno seguro de las familias a sus hogares al norte del país.

La regidora del Ayuntamiento de San Juan del Río, Vania Camacho Galván, fijó una postura firme frente a la dirigencia estatal del PRI al denunciar violencia política de género, daño a su imagen y violación a su derecho de audiencia, luego de que la presidenta estatal, Abigail Arredondo Ramos, hiciera públicas presuntas solicitudes de expulsión sin que exista notificación formal ni procedimiento debidamente iniciado.
El pasado 19 de febrero, la dirigente estatal acudió a San Juan del Río para ofrecer una rueda de prensa en la que, por varios minutos, realizó diversos señalamientos sobre la regidora, mencionando la existencia de “dos o tres” inconformidades formales ante la Comisión de Justicia Partidaria y advirtiendo que cuando ese órgano interviene deriva incluso en expulsión.
“Se habló de expulsión ante medios sin que previamente se me notificara formalmente ni se me garantizara el derecho de audiencia. Eso vulnera mis derechos políticos y humanos”, recordó Vania Camacho quien puntualizó que cualquier procedimiento partidario debe iniciar con una notificación formal, ofrecer derecho de defensa y respetar el debido proceso, no construirse primero en el terreno mediático.
En ese sentido, uno de los tres puntos centrales que la regidora desmintió fue haber sido convocada a la rueda de prensa y a actividades del Comité Directivo Estatal en el municipio.
“Contrario a lo que afirma, no fui convocada a la rueda de prensa, ni he sido convocada a anteriores ruedas de prensa, tampoco a actividades del Comité Estatal en San Juan del Río. Si el Comité Estatal acude a este municipio para una actividad política, debería incluirme, porque aquí tengo una representación popular y política”, expresó.
Señaló que al ser excluida mientras se hablaba públicamente de su caso, se configura una clara violencia política de género, ya que fue la única representante priista en el municipio que no fue invitada.
El segundo señalamiento que rechazó fue el relacionado con un supuesto voto a favor de un endeudamiento municipal.
“Es mentira que voté a favor de un endeudamiento. Lo que voté fue la Ley de Ingresos 2026”, puntualizó.
Camacho Galván refirió que la Ley de Ingresos, por mandato del artículo 6 de la Ley de Deuda Pública, debe incluir como fuente de ingreso cualquier financiamiento que el municipio proyecte obtener durante el ejercicio fiscal, señalando monto y concepto.
“Incluirlo no es aprobar deuda. Para contratar un crédito se requiere una petición específica que debe someterse al Ayuntamiento y posteriormente a la Legislatura. Son procesos distintos”, detalló.
Añadió que la inclusión de ese renglón generó debate político y que el Grupo Parlamentario de Morena presentó una reserva para retirarlo. Dicha reserva prosperó; sin embargo, aclaró -contrario a lo dicho por la dirigencia estatal- que no fue porque el PRI en la legislatura local votara en contra, contradiciendo la versión difundida en rueda de prensa. Con ello, sostuvo que se simplificó de manera incorrecta un procedimiento técnico y legislativo para construir una narrativa política en su contra.
En cuanto al señalamiento de la dirigente estatal respecto a la existencia de solicitudes formales de militantes para su expulsión.
Camacho Galván consideró “curioso” que ante “dos o tres” inconformidades formales se anunciara de inmediato la intervención de la Comisión de Justicia Partidaria enfatizando la expulsión.
“Es curioso que se hable de expulsión con tanta contundencia por dos o tres inconformidades, cuando he escuchado múltiples señalamientos, comentarios negativos y descalificaciones contra la propia dirigencia estatal y no veo que se active el mismo mecanismo”, expresó.
Incluso aseguró que, en términos estatutarios, no sería susceptible de un procedimiento ante la Comisión de Justicia Partidaria por no cumplir con el requisito indispensable para ello, lo que refuerza —dijo— la percepción de un uso selectivo de los mecanismos internos contra quienes no coinciden con intereses particulares.
La regidora afirmó que lo dicho en la rueda de prensa ya le generó un daño irreparable a su imagen pública, al haber sido objeto de un juicio ante medios sin posibilidad de defensa previa.
Camacho informó que el 23 de febrero contactó formalmente a la presidenta estatal para solicitar que sus declaraciones se formalicen institucionalmente.
“Yo ingresé al Cabildo con la representación del PRI. Si hay una sanción donde se me diga que ya no puedo formar parte de esa representación, tengo que notificarlo al Ayuntamiento. No es un asunto personal, es institucional”, subrayó además que, de concretarse una expulsión, se declararía regidora independiente conforme a la ley y continuaría ejerciendo el cargo con responsabilidad.
Con un posicionamiento firme y sustentado en argumentos legales, la regidora contrapuso así las declaraciones de la dirigencia estatal, defendiendo su actuación y dejando claro que no permitirá que su trayectoria política sea definida por señalamientos públicos sin sustento formal ni respeto al debido proceso.
“No voy a continuar con dimes y diretes y si bien, considero prudente y legítimo aclarar que no estoy de acuerdo con lo dicho en mi contra; también considero que no me corresponde continuar en un círculo de violencia política” refirió Camacho Galván, quien finalmente reiteró que su actuación en Cabildo ha sido responsable y razonada, con votos a favor o en contra según el análisis jurídico y técnico de cada tema.

Un mensaje claro comienza a tomar forma en San Juan del Río: el territorio se está reorganizando desde abajo, y el deporte se consolida como uno de los espacios donde se forjan liderazgos con causa, disciplina y visión comunitaria. No es un hecho aislado ni una foto coyuntural; es parte de un proceso más amplio de reconstrucción social encabezado por nuevas generaciones.
El reciente encuentro entre Tonatiuh “Detona” Mondragón y referentes del deporte sanjuanense, como Sergio Óscar López Cabrera, impulsor del boxeo local y compañero de trayectoria desde la adolescencia, refleja algo más profundo que una coincidencia personal. Representa la convergencia entre amistad, territorio y compromiso social, pilares que hoy sostienen el Plan San Juan 500.
Durante años se ha subestimado el papel del deporte como herramienta de transformación social. Sin embargo, son precisamente estos espacios los que forman carácter, inculcan disciplina y alejan a las juventudes de entornos de riesgo, fortaleciendo el tejido social desde lo cotidiano. Negar esta realidad es desconocer el pulso de la comunidad y la fuerza de sus liderazgos naturales.
La suma de figuras del deporte local no responde a una estrategia superficial, sino a una lógica territorial clara: construir desde la base, con referentes reales, con personas que conocen las colonias, los barrios y las problemáticas de San Juan del Río. Es ahí donde el Plan San Juan 500 cobra sentido, alejándose de los discursos vacíos y acercándose a la acción concreta.
Mientras algunos continúan apostando por modelos desgastados y narrativas ajenas a la realidad local, en San Juan se está gestando una ruta distinta, enfocada en juventudes, comunidad y futuro. El deporte, una vez más, demuestra que no solo forma atletas, sino ciudadanos comprometidos.
El mensaje es contundente: el relevo generacional no solo se construye en la política tradicional, también se forja en el territorio, en las canchas y en los espacios donde se vive la comunidad todos los días. San Juan del Río ya está dando ese paso.