La diputada Krishna Karina Romero Velázquez (PAN) impulsa una iniciativa que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISRISR), con el objetivo de otorgar incentivos fiscales a las empresas que contraten a mujeres mayores de 45 años y víctimas de violencia.
La propuesta, enviada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, busca que las empresas puedan deducir de sus ingresos acumulables para los efectos del ISR del ejercicio fiscal correspondiente, el equivalente al 35 por ciento del salario efectivamente pagado a estas mujeres.
La iniciativa de la legisladora Romero Velázquez detalla que, para estos efectos, se considerará la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del ISR de la trabajadora.
El documento, también suscrito por las y los diputados del PAN, refiere que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, al cierre de 2022, la participación laboral de las mujeres fue de 44.6 por ciento; sin embargo, la proporción de mujeres que tienen un empleo o buscan uno se encuentra por debajo del promedio mundial que es del 46 por ciento, así como de América Latina que se sitúa en el 49 por ciento.
Romero Velázquez destaca que en la misma situación se encuentran mujeres que han sido víctimas de violencia, dado que cuando una mujer es violentada, en muchas ocasiones no sólo pierde su empleo, sino también su vivienda, sus recursos económicos e incluso a sus seres queridos, y su etapa de recuperación suele ser muy compleja.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional en Seguridad Pública (SESNSP), indicó que, en 2022, los delitos contra las mujeres crecieron más del 50 por ciento en comparación con el año anterior, donde el acoso sexual aumentó 56 por ciento, el hostigamiento sexual 38 por ciento, la trata de personas 27 por ciento, la violencia de género 32 por ciento, y el abuso sexual 21 por ciento.
Ante este contexto, enfatiza la legisladora, resulta importante impulsar acciones que fomenten la integración de mujeres mayores de 45 años y mujeres víctimas de violencia de género al mundo laboral, tanto del sector privado como del sector público, y con ello mejorar su desarrollo personal y el de su familia.