Un bloque plural presenta iniciativa plenaria para fiscalizar el fondo FORTAMUN 2025-2026, luego de identificar contrataciones fragmentadas, adjudicaciones directas cuestionables y la omisión de controles internos obligatorios.

Fue turnada a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública la Iniciativa presentada por tres integrantes del Honorable Ayuntamiento de San Juan del Río donde solicitan por acuerdo plenario a las secretarías de Administración, Finanzas y Seguridad Pública Municipal, así como al Órgano Interno de Control, que rindan cuentas detalladas sobre el ejercicio del fondo federal FORTAMUN durante 2025 y 2026.

La propuesta —suscrita por la regidora Vania Camacho Galván y los regidores Oscar Mauricio Sandoval García “El Gallo” y Víctor Manuel Rocha Basurto — se sustenta en los artículos 1°, 21, 115 y 134 de la Constitución federal y en la legislación municipal vigente, advirtieron que la seguridad pública es la demanda social más urgente del municipio, por lo que su presupuesto no puede quedar sujeto a decisiones discrecionales ni a justificaciones insuficientes.

Un análisis preliminar con señales de alarma. De acuerdo con el bloque de regidores, la revisión de la información remitida por la Secretaría de Administración —mediante el oficio SHA/1118/2026— arrojó inconsistencias documentales, prácticas de fragmentación del gasto y una elusión sistemática de los mecanismos institucionales de control. Los hallazgos centrales son los siguientes:

Más de la mitad del fondo, sin pasar por los controles obligatorios. El 51.3% de las aportaciones federales asignadas nunca fue sometido al escrutinio de la Secretaría de Administración, lo que significa que el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del municipio —cuya intervención es obligatoria— fue omitido por completo.

Un vacío de casi 28 millones de pesos en alumbrado público. El Cabildo aprobó un techo financiero de $32,716,602.40 pesos para la compra de luminarias, pero solo se identificaron procedimientos de contratación por $4,804,791.49 pesos. La diferencia —$27,911,810.91 pesos— no tiene un destino claro en las bitácoras financieras del municipio.

Contratos fraccionados para evadir controles. Los regidores detectaron múltiples contratos divididos para un mismo fin, entre ellos servicios de seguridad privada para resguardar inmuebles municipales durante 2025, por un monto consolidado de $9,369,542.00 pesos, adjudicados de forma directa o por invitación restringida y sin registro en los informes del gasto federalizado. Se identificaron esquemas similares en la compra de combustibles y medicamentos para el personal.

Un contrato millonario con justificación cuestionable. Se objetó la contratación de un despacho externo para operar un “Programa de Apoyo Policial” por más de un millón de pesos, adjudicado de forma directa bajo el argumento de exclusividad técnica y patentes que, según los regidores, no existen en la práctica. Los promoventes señalaron que esa inversión no ha reducido las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos contra la corporación ni ha mostrado un impacto medible.

Los regidores subrayaron que, con un FORTAMUN 2026 de $327,817,600.00 pesos, resulta incongruente destinar recursos a subrogar funciones en empresas privadas y consultorías de efectividad dudosa, en lugar de priorizar salarios dignos, equipamiento táctico y cobertura médica para la policía preventiva municipal.

Qué exige la iniciativa si es aprobada. De recibir el visto bueno del Pleno del Ayuntamiento, la iniciativa pondría en marcha cuatro acciones obligatorias e inmediatas:

1. Informe conjunto en 15 días hábiles. Las secretarías de Administración y Finanzas deberán entregar un reporte pormenorizado con copias certificadas de expedientes técnicos, estudios de mercado y dictámenes de procedencia de cada contratación.
2. Radiografía de las condiciones laborales de la corporación. Seguridad Pública Municipal y Administración deberán presentar el desglose de tabuladores salariales de 2024 a 2026, el inventario y grado de obsolescencia del equipo táctico, y el estado real de la cobertura médica del personal.
3. Auditoría especial del Órgano Interno de Control. Se solicita formalmente una revisión especial sobre la planeación y adjudicación de las compras realizadas en 2025 y 2026, con informes bimestrales de avance ante el Cabildo.
4. Envío del expediente a instancias superiores. La Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir copia certificada de todo el expediente a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para su revisión en el marco de la Cuenta Pública.

El bloque de regidores sostuvo que el presupuesto municipal no puede tratarse como un fondo de libre disposición discrecional, sino como una asignación estratégica que debe garantizar, con transparencia total, la seguridad y el bienestar de las familias sanjuanenses.

Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre las autoridades electorales y las instancias encargadas de la seguridad, se llevó a cabo una Junta de Coordinación en las instalaciones de la 17/a Zona Militar, encabezada por el General de Brigada de Estado Mayor, José Guillermo Lira Hernández, con la participación de la vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), María Luisa Flores Huerta, y la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Grisel Muñoz Rodríguez.

Durante la reunión se abordaron temas prioritarios relacionados con el próximo proceso electoral 2026-2027, entre ellos el inicio formal de los trabajos preparatorios, el calendario de actividades que deberán desarrollarse durante las distintas etapas del proceso y el análisis de los municipios que podrían presentar una mayor incidencia delictiva, con el propósito de anticipar estrategias de atención y prevención.

Como resultado del encuentro, las instituciones acordaron establecer un canal de comunicación directa que permita una coordinación permanente entre las autoridades involucradas, sentando las bases para la implementación de los procedimientos de actuación que se definan mediante los convenios correspondientes.

Esta coordinación dará seguimiento a las acciones de seguridad y organización antes, durante y después de las elecciones locales y federales, con el objetivo de contribuir a que el desarrollo del proceso electoral se lleve a cabo en un ambiente de orden, legalidad y tranquilidad para la ciudadanía.