Con el objetivo de tipificar como delito las amenazas en que pudieran incurrir las y los servidores públicos, al utilizarlas para inhibir las denuncias que pudieran presentarse por diversas conductas relacionados a la corrupción, la diputada del PRD, Elizabeth Pérez Valdez impulsa una iniciativa para reformar el Código Penal Federal.
Propone adicionar un párrafo cuarto al artículo 282 de este ordenamiento jurídico, a fin de establecer que “se aumente la pena hasta en una mitad cuando el delito (amenazas) sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones”, es decir, pasarán de cuatro a ocho años de prisión a seis a 12 años, en cada caso y de 100 a 300 días de multa a 150 y 450 días, respectivamente.
“Asimismo, se le impondrán, a las y los servidores públicos que incurran en amenazas, además de las penas señaladas, la destitución del empleo y se le inhabilitará de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos”, propone la iniciativa.