La organización terrorista Hezbolá, brazo armado del régimen iraní, continúa violando el alto al fuego entre Israel y el Líbano —firmado el 16 de abril— lanzando constantes ataques contra Israel, lo que ha causado la muerte de 12 israelíes y, cientos de civiles y soldados heridos; además de considerables daños materiales y la imposibilidad para que la gente lleve a cabo su vida cotidiana.

Una de las mayores consecuencias estas hostilidades es que miles de familias israelíes, al norte del país, han sido obligadas a abandonar sus hogares, mientras que diversas localidades continúan enfrentando un riesgo constante a su seguridad ante el accionar de esta organización terrorista respaldada por Irán.

Incluso, desde el inicio de la actual escalada regional, Hezbolá mantiene ataques contra Israel desde territorio libanés y en un periodo de tres meses ha lanzado más de 12,000 cohetes, misiles y drones explosivos contra comunidades israelíes.

Para Israel resulta inaceptable que sus ciudadanos vivan bajo la amenaza permanente de Hezbolá, que intencionalmente apunta contra centros poblados. Ningún Estado toleraría que miles de familias atraviesen un riesgo tan alto que las obligue a abandonar sus hogares.

Cabe recordar que Israel se retiró completamente del sur del Líbano en el año 2000, conforme a la Resolución 425 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hecho verificado y confirmado por la propia ONU. Por lo que es fundamental resaltar que Israel no tiene ninguna intención de apropiarse de territorios del Líbano; al contrario, se mantenía la esperanza de que su retirada, 26 años atrás, contribuyera a la estabilidad y seguridad de ambos pueblos.

Sin embargo, tras la retirada israelí, Hezbolá aprovechó el vacío existente para construir una infraestructura militar, acumular un vasto arsenal de cohetes y desplegar capacidades ofensivas dentro de zonas civiles libanesas. Esta militarización culminó, entre otros episodios, en la Segunda Guerra del Líbano en 2006 y amenazas constantes contra la población israelí.

El mismo 2006, el Consejo de Seguridad de la ONU en su Resolución 1701 exigió el desarme de Hezbolá y la retirada total del sur del Río Litani de fuerzas armadas no pertenecientes a las autoridades del Líbano, determinaciones que nunca fueron implementadas a plenitud. En consecuencia, Hezbolá consolidó una presencia militar significativa en la frontera con Israel.

Las actuales operaciones israelíes en el sur del Líbano tienen un claro objetivo: proteger a la población de Israel de los ataques de Hezbolá, impedir posibles invasiones a su territorio y desmantelar la infraestructura terrorista que la organización ha construido durante años —en gran medida por el apoyo del régimen iraní— en violación de resoluciones internacionales.

Israel resalta que Hezbolá es plenamente responsable del riesgo y sufrimiento que israelíes y libaneses padecen. Al ser un grupo armado alineado con los intereses de Irán, la organización terrorista pone en riesgo la estabilidad regional y obstaculiza cualquier perspectiva de convivencia pacífica entre ambos países.

Israel continuará actuando conforme a su derecho inherente a la legítima defensa y seguirá tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y el retorno seguro de las familias a sus hogares al norte del país.

La regidora del Ayuntamiento de San Juan del Río, Vania Camacho Galván, fijó una postura firme frente a la dirigencia estatal del PRI al denunciar violencia política de género, daño a su imagen y violación a su derecho de audiencia, luego de que la presidenta estatal, Abigail Arredondo Ramos, hiciera públicas presuntas solicitudes de expulsión sin que exista notificación formal ni procedimiento debidamente iniciado.
El pasado 19 de febrero, la dirigente estatal acudió a San Juan del Río para ofrecer una rueda de prensa en la que, por varios minutos, realizó diversos señalamientos sobre la regidora, mencionando la existencia de “dos o tres” inconformidades formales ante la Comisión de Justicia Partidaria y advirtiendo que cuando ese órgano interviene deriva incluso en expulsión.
“Se habló de expulsión ante medios sin que previamente se me notificara formalmente ni se me garantizara el derecho de audiencia. Eso vulnera mis derechos políticos y humanos”, recordó Vania Camacho quien puntualizó que cualquier procedimiento partidario debe iniciar con una notificación formal, ofrecer derecho de defensa y respetar el debido proceso, no construirse primero en el terreno mediático.
En ese sentido, uno de los tres puntos centrales que la regidora desmintió fue haber sido convocada a la rueda de prensa y a actividades del Comité Directivo Estatal en el municipio.
“Contrario a lo que afirma, no fui convocada a la rueda de prensa, ni he sido convocada a anteriores ruedas de prensa, tampoco a actividades del Comité Estatal en San Juan del Río. Si el Comité Estatal acude a este municipio para una actividad política, debería incluirme, porque aquí tengo una representación popular y política”, expresó.
Señaló que al ser excluida mientras se hablaba públicamente de su caso, se configura una clara violencia política de género, ya que fue la única representante priista en el municipio que no fue invitada.
El segundo señalamiento que rechazó fue el relacionado con un supuesto voto a favor de un endeudamiento municipal.
“Es mentira que voté a favor de un endeudamiento. Lo que voté fue la Ley de Ingresos 2026”, puntualizó.
Camacho Galván refirió que la Ley de Ingresos, por mandato del artículo 6 de la Ley de Deuda Pública, debe incluir como fuente de ingreso cualquier financiamiento que el municipio proyecte obtener durante el ejercicio fiscal, señalando monto y concepto.
“Incluirlo no es aprobar deuda. Para contratar un crédito se requiere una petición específica que debe someterse al Ayuntamiento y posteriormente a la Legislatura. Son procesos distintos”, detalló.
Añadió que la inclusión de ese renglón generó debate político y que el Grupo Parlamentario de Morena presentó una reserva para retirarlo. Dicha reserva prosperó; sin embargo, aclaró -contrario a lo dicho por la dirigencia estatal- que no fue porque el PRI en la legislatura local votara en contra, contradiciendo la versión difundida en rueda de prensa. Con ello, sostuvo que se simplificó de manera incorrecta un procedimiento técnico y legislativo para construir una narrativa política en su contra.
En cuanto al señalamiento de la dirigente estatal respecto a la existencia de solicitudes formales de militantes para su expulsión.
Camacho Galván consideró “curioso” que ante “dos o tres” inconformidades formales se anunciara de inmediato la intervención de la Comisión de Justicia Partidaria enfatizando la expulsión.
“Es curioso que se hable de expulsión con tanta contundencia por dos o tres inconformidades, cuando he escuchado múltiples señalamientos, comentarios negativos y descalificaciones contra la propia dirigencia estatal y no veo que se active el mismo mecanismo”, expresó.
Incluso aseguró que, en términos estatutarios, no sería susceptible de un procedimiento ante la Comisión de Justicia Partidaria por no cumplir con el requisito indispensable para ello, lo que refuerza —dijo— la percepción de un uso selectivo de los mecanismos internos contra quienes no coinciden con intereses particulares.
La regidora afirmó que lo dicho en la rueda de prensa ya le generó un daño irreparable a su imagen pública, al haber sido objeto de un juicio ante medios sin posibilidad de defensa previa.
Camacho informó que el 23 de febrero contactó formalmente a la presidenta estatal para solicitar que sus declaraciones se formalicen institucionalmente.
“Yo ingresé al Cabildo con la representación del PRI. Si hay una sanción donde se me diga que ya no puedo formar parte de esa representación, tengo que notificarlo al Ayuntamiento. No es un asunto personal, es institucional”, subrayó además que, de concretarse una expulsión, se declararía regidora independiente conforme a la ley y continuaría ejerciendo el cargo con responsabilidad.
Con un posicionamiento firme y sustentado en argumentos legales, la regidora contrapuso así las declaraciones de la dirigencia estatal, defendiendo su actuación y dejando claro que no permitirá que su trayectoria política sea definida por señalamientos públicos sin sustento formal ni respeto al debido proceso.
“No voy a continuar con dimes y diretes y si bien, considero prudente y legítimo aclarar que no estoy de acuerdo con lo dicho en mi contra; también considero que no me corresponde continuar en un círculo de violencia política” refirió Camacho Galván, quien finalmente reiteró que su actuación en Cabildo ha sido responsable y razonada, con votos a favor o en contra según el análisis jurídico y técnico de cada tema.

Astrid Ortega y Tonatiuh Mondragón en Querétaro: jóvenes que traducen el bienestar al territorio en el marco de la presentación con la militancia del libro La recuperación del Estado de Bienestar

Los espacios recientes de diálogo político en Querétaro reflejan un mensaje cada vez más claro: una nueva generación de liderazgos está asumiendo responsabilidades públicas con cercanía territorial, sensibilidad social y compromiso con el bienestar de las comunidades.

En este contexto, destacó la participación de Astrid Ortega Vázquez, presidenta municipal de Cadereyta de Montes, quien subrayó que la transformación también es un proceso de formación social, donde explicar, dialogar y educar resulta tan importante como ejecutar políticas públicas.

Desde una visión profundamente ligada a la educación comunitaria y al trabajo formativo en comunidad, Astrid Ortega enfatizó que estos encuentros permiten fortalecer la comprensión colectiva del momento que vive el país y del rumbo que se está construyendo desde los territorios. En ese sentido, planteó que la transformación es un proceso en construcción, con camino por recorrer hacia su segundo momento, y que compartir experiencias desde cada territorio resulta clave para fortalecer el compromiso colectivo.

Asimismo, destacó que la presentación del libro representa un ejercicio conjunto para comprender los avances en materia de bienestar, pero también para identificar los retos que aún persisten, subrayando la importancia de seguir construyendo este proyecto desde lo local, la militancia y las responsabilidades públicas.

El encuentro permitió subrayar que el bienestar no puede quedarse en conceptos abstractos ni en cifras aisladas, sino que debe explicarse con claridad, transmitirse y construirse desde el territorio, para que sea comprendido y defendido por la propia ciudadanía.

En este contexto, Tonatiuh “Detona” Mondragón, de San Juan del Río, acompañó la reflexión señalando la importancia de traducir el lenguaje económico y social a términos sencillos, accesibles y cercanos a la vida diaria de las personas.

“Como economista, entiendo ingresos, gasto y política social; como hombre de territorio, sé materializarlo para quien vive del campo, del salario o de un oficio.
Si el bienestar se entiende, se defiende.
Y cuando la gente lo hace suyo, la transformación se vuelve permanente.”

La presencia de liderazgos jóvenes con responsabilidad pública y trabajo territorial constante confirma que Querétaro atraviesa un proceso de renovación política, donde gobernar implica escuchar, explicar y formar conciencia colectiva, no solo administrar recursos.